El
nuevo absolutismo de Fernando VII.
En 1823, tras distintos intentos, Fernando VII fue
reintegrado en sus poderes absolutos con la ayuda de la Francia de Luis XVIII,
una monarquía autoritaria que no había prescindido de cámaras consultivas,
cierta representación de los prohombres locales y de la venta de bienes
eclesiásticos llevada a cabo por los gobiernos revolucionarios. La
contrarrevolución española superó en radicalidad al neoabsolutismo de la Europa
de la Restauración. Muchos eclesiásticos azuzaron una implacable persecución de
los liberales, y las propias tropas francesas temieron una reacción popular
cuando intentaron otorgar a los vencidos un trato más humano.
Fernando VII
Alicante,
uno de los últimos baluartes liberales en España, presenció la entrada de las
unidades francesas del vizconde de Bonnemains el 12 de noviembre de 1823. Se
anunció clemencia siempre y cuando se respetaran los términos de la
capitulación. Sin embargo, el ambiente se endureció a partir del 5 de diciembre
con la asunción del Gobierno militar por el brigadier Pedro Fermín Iriberry.
La
Década Ominosa (1823-33) en Alicante aún no está del todo bien estudiada, pese
a las vívidas páginas que le dedicaran nuestros cronistas Nicasio Camilo Jover
y Rafael Viravens, dignas de ser consideradas como punto de partida. En este
artículo nos centramos en un año de aquella aciaga década, el de 1825, en el
que la puesta en marcha del batallón local de los Voluntarios Realistas hizo
más que patentes los chirridos de un sistema con muy poco recorrido por
delante.
Los poderes y la personalidad del gobernador militar.
El brigadier Pedro Fermín de Iriberry, con
experiencia en las tierras de Orihuela y Alicante, fue un hombre tan determinado
como implacable en el cumplimiento de su deber. Pocos gobernadores militares
del Alicante de 1709 a 1833 acreditaron sus mismos bríos. No vaciló en
arremeter contra la autoridad municipal ante la presentación de honores
militares a la Santa Faz, sacada en procesión para aplacar la dura sequía del
invierno de 1824-25. Persiguió con denuedo a los liberales locales e impuso un
severísimo régimen disciplinario a la bulliciosa ciudad de Alicante, cuyos
oficios religiosos se vieron más concurridos de lo normal ante la presión del
temido Iriberry. Mientras Nicasio Camilo Jover se muestra más crítico con él,
rememorando sus tristes redadas en días de esparcimiento campestre, Rafael
Viravens le reconoció el mérito de haberse atenido a la ley vigente.
Subordinado
directamente al Capitán General del reino de Valencia, el controvertido Luis
Alejandro de Bassecourt, el Gobernador Militar de Alicante concentró grandes
poderes más allá de lo castrense. Los ayuntamientos poco decidían sin su
asenso, como antes de 1808. El alcalde mayor tenía que resignarse a su
dominación. Era subdelegado de rentas y subinspector de los Voluntarios
Realistas, controlando estrechamente los fondos y la disciplina en nuestra
ciudad de estas unidades, que nunca se atrevieron aquí a desafiar la autoridad
pública como en otros pagos de las Españas.
Los Voluntarios Realistas.
El liberalismo había concitado las simpatías de
numerosos militares, asqueados por sus condiciones profesionales bajo el
absolutismo entre 1815 y 1820. Rafael Riego se erigió en icono del cambio
político en una España contemplada con alarma por las potencias absolutistas
europeas, capaz de alentar una nueva oleada revolucionaria en el continente.
Muchos militares se batieron en 1823 contra los Cien mil hijos de San Luis,
auxiliados por las partidas del Ejército de la Fe, compuestas de hombres de
variopinta condición social afines al absolutismo.
Reintegrado
en sus poderes absolutos, Fernando VII no confió en el despliegue de unas
fuerzas armadas copiosas, atento a la carencia de medios económicos. Las tropas
francesas de guarnición resultaban caras y a veces exigían un trato más
clemente hacia los liberales, apartado de la más fanática persecución de
ciertos clérigos exaltados, pues se temía que los excesos represivos condujeran
a un estallido de cólera revolucionaria susceptible de desequilibrar España y
Europa.
La
creación de unidades paramilitares, herederas del Ejército de la Fe, podían
sacar a los absolutistas fernandinos de semejante embrollo. Los Voluntarios
Realistas, integrados por hombres de fidelidad acreditada, mantendrían el orden
absolutista y evitarían el retorno de los liberales. A través del Reglamento
de 1824 se pasó de la partida guerrillera a los batallones bajo
supervisión gubernamental. En la ciudad de Alicante, al igual que en otras
localidades, se formó una Comisión de los Voluntarios encargada de su
equipamiento y sustento. La componía el cura párroco más antiguo, el síndico
procurador, el comandante de los Voluntarios y la máxima autoridad militar
local, representando el equilibrio de fuerzas del régimen.
Las dificultades de equipamiento de los Voluntarios.
Las agotadas arcas de la Monarquía española, en
especial después de la pérdida de muchos ingresos de las Indias, eran incapaces
de sufragar el mantenimiento, vestuario y armamento de los Voluntarios. Los
gabinetes absolutistas pasaron la factura a las haciendas municipales,
fundamentadas en los bienes de propios y arbitrios, a la sazón también
considerablemente extenuados tras el vendaval de la Guerra de la Independencia.
Como
se carecía de los oportunos fondos se impusieron tributos locales sobre las
transacciones y el consumo de todo tipo de productos. La contribución forzosa
de 20.000 reales de 1824 fue insuficiente, y en mayo se autorizó el cobro de 2
maravedíes por cada libra de carne, 4 por cada libra de carne porcina fresca y
4 cuartos por cada cántaro de vino, exacciones que a primera vista no parecen
muy excesivas mas al recaer con mayor fuerza sobre los grupos más populares en
un tiempo de adversidades sí resultaban lesivas. El 1 de junio los recaudadores
de la comercial Puerta de San Francisco y los del fielato de la Puerta de la
Reina tuvieron que responder de semejantes cobros ante el gobernador
subdelegado de rentas del partido de Alicante.
La
medida no se impuso con facilidad, al contrario, pues levantó gran
controversia. Se perturbaría a los comerciantes y a los consumidores, dañando
la economía. Los introductores de géneros podían burlar la imposición haciendo
uso de las distintas puertas de la ciudad. El fraude ocasionaría más litigios
que beneficios. Los empleados encargados de ejecutar la medida quizá no se
conducirían con el debido celo al no poder ser separados a priori de sus
destinos.
Ciertamente
este género de alternativas fiscales no solucionaba nada, y más perjudicaba que
otra cosa. Sin embargo, al no quererse realizar una reforma tributaria en
profundidad se acudió una vez más a estos expedientes de dudosa utilidad,
incurriendo de nuevo en el círculo vicioso del bajo rendimiento de los
impuestos, fraude y perjuicio de la economía. De septiembre a diciembre de 1825
se porfió por gravar la arroba de cacao y azúcar en 24 maravedíes, algo muy
poco alentador para el comercio ultramarino de Alicante.
Alzar
un batallón.
Evidentemente más sencillo era proponer que cumplir.
El Batallón de Voluntarios Realistas de Alicante, que no excedería de mil
hombres, dispondría de efectivos de infantería y de caballería, necesarios los
segundos en las tareas de persecución del bandidaje y de la insurgencia de
forma rápida. El control de los caminos en la España coetánea dejaba mucho que
desear, las tierras alicantinas se prestaban al contrabando, y los movimientos
de no pocos liberales inquietaban a las autoridades absolutistas: el paradero
exacto del representante del partido alicantino en la derogada Diputación
Provincial, don Joaquín Avarques, fue motivo de seria preocupación al ser
liberado bajo fianza tras su reclusión en las Torres de Quart y en la Ciudadela
de Valencia.
Si
el reclutamiento de varones aptos fue amargo en Alicante, la provisión de armas
resultó un calvario. El Comisario de guerra de artillería del II Departamento
pasó factura al quebrantado ayuntamiento por las armas recibidas de las Reales
Fábricas y Almacenes de Artillería. Del 16 de julio al 8 de octubre de 1824 se
habían librado 55 fusiles de fabricación inglesa, 19 de factura española, 6 de
francesa, 26 bayonetas españolas, 20 inglesas, 3 francesas, cartuchos por valor
de 500 reales y otros elementos complementarios. Muchas de las piezas eran
supervivientes de la pasada Guerra de la Independencia, lo que no evitó que la
factura completa ascendiera a 6.167 reales difíciles de pagar. La situación era
generalizable al resto de las fuerzas españolas. Todavía en 1849 el general
Prim denunciaría la mezcolanza de fusiles ingleses, franceses y españoles con
llaves de chispa anacrónicas en los regimientos de infantería de Isabel II.
El paño para los
uniformes tampoco resultó barato. Conseguido al principio por fiado de los
fabricantes de Alcoy y Cocentaina, su montante ascendió finalmente a 14.395
reales, que no pudieron ser satisfechos por los cortos haberes de los arbitrios
municipales. En el fondo se plantearon los mismos problemas logísticos y de
movilización de la guerra contra las fuerzas napoleónicas, cuando demasiadas
unidades del ejército español adolecieron de calzado y munición, llegando a ser
la carencia de monturas angustiosa.
Continuará
VÍCTOR MANUEL
GALÁN TENDERO
Fotos: Alicante Vivo