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Publicado por Alfredo
Tiempos modernos.
Los días en que los humanistas restablecieron la vigencia de los clásicos tras la incultura medieval ha pasado ya a la historia de las ideas con el nombre del Renacimiento, un verdadero mito que se propuso atrapar un pasado lejano al servicio de la renovación, antes de que apareciera la idea del progreso. Los florentinos, por ejemplo, intentaron revivir el espíritu pagano sin abdicar de sus costumbres y del cristianismo.
En el Alicante del Cuatrocientos no se verificó una transformación cultural al estilo de Florencia, pero sí una maduración social digna del amanecer de la modernidad, pregonados por varios signos, como los de la técnica y la medida del tiempo. Desde 1459 el molino de viento de Joan Torres ejecutaría sus tareas ante el Tossal, y en 1465 se reparó la Torre del Reloj de nuestro castillo, ya dotado de artillería. Los alicantinos se expresaron en términos bajomedievales, sin disfrazarse de romanos, pero conectaron con el espíritu de renovación de una Europa de redes comerciales cada vez más tupidas y de monarquías cada vez más conscientes de su autoridad. En este tiempo de transición, el linaje de los Trastámara terminó encarnando en la Península Ibérica aquella última fuerza, de tanta trascendencia para la organización comunitaria.
Alicante en la Hispania de los Trastámara.
Los Trastámaras simbolizan mejor que nadie el afán de poder de la aristocracia ibérica en la Baja Edad Media, enlazando sus ambiciones los distintos reinos hispánicos hasta forjar la unión dinástica de los Reyes Católicos. Cercana a la frontera castellana y abierta al mar, Alicante acusó los conflictos en los que anduvieron los Trastámara a lo largo del siglos XV. Las ambiciones de los Infantes de Aragón tensionaron las relaciones con Castilla, estallando en ocasiones la guerra. Entre 1429 y 1430 nuestra localidad estuvo expuesta a los zarpazos castellanos. Tras la firma de la tregua en 1430 la armada castellana atacó Alicante, siendo derrotada por el intrépido Pere Maça. También nos afectaron las disputas entre la realeza y sus súbditos en la Corona de Aragón. La guerra civil que asoló Cataluña desde 1462 incidió sobre Alicante, pues la ruptura entre Juan II de Aragón y Enrique IV de Castilla, protector ocasional de los insurrectos catalanes, repercutió en la frontera valenciana. En 1463 Novelda y Montfort padecieron una incursión castellana. Asimismo desde tierras de Castilla actuó el señor de Guadalest Joan de Cardona, que tras la renuncia de Enrique IV al título de conde de Barcelona siguió la causa del condestable Pedro de Portugal. Su sucesor en la Barcelona contraria a Juan II, Renato de Anjou, animó el corsarismo en nuestras aguas, y alertó a nuestra plaza en 1469.
Teoría y práctica del cesarismo trastámara.
Desde su entronización en la Corona de Aragón tras el Compromiso de Caspe (1412) la dinastía trastámara pugnó por ampliar la autoridad real, lo que ocasionó serios problemas en lugares como la Cataluña de la segunda mitad del Cuatrocientos. Algunos autores han hablado de cesarismo al invocarse sus fundamentos en la aplicación del Derecho Romano, si bien también hemos de considerar sus supuestos teológicos, que podemos estudiar muy bien en las declaraciones de motivos de las ordenanzas municipales alicantinas.
Según éstas, Dios confiaba al rey un edicto perpetuo de paz y concordia, que era la base de la virtud moral de la que emanaba el buen gobierno y la riqueza. El monarca, en consecuencia, ejercitaba este bien divino ayudando la disposición natural con su capacidad. Los Trastámara aragoneses, desde Fernando de Antequera a Fernando el Católico, la acreditaron con creces, aprovechando toda oportunidad por difícil que resultara. Siempre tuvieron muy claro su objetivo autoritario, máxime cuando asistieron a la degradación efectiva de la autoridad real en la coetánea Castilla, en la que tanta responsabilidad tuvieron. El modelo jerarquizado de la milicia celestial sirvió a sus intenciones, y animaron la vía judicial para la resolución de los conflictos (las disputas entre banderías desgarraban el cuerpo social cristiano). En 1474 Juan II remitió al municipio alicantino a dilucidar ante su lugarteniente general en el Reino de Valencia, el maestre de Montesa, el litigio por el ejercicio del consulado de castellanos. Fernando el Católico no dudó en seguir un proceso contra Alicante en 1491 por los derechos de entrada y salida. Más que forjadores de nuevas instituciones fueron partidarios de controlar lo más estrictamente las ya existentes a través de personas de confianza, capaces de hacer rendir al Real Patrimonio mayores beneficios. En Alicante el cometido del baile o administrador de los bienes y tributos reales tuvo una gran importancia. En 1445 se observaron con particular atención las debidas seguridades antes de conceder la bailía a Joan Margarit o a su procurador. En 1489 recayó en Alfons Martínez de Vera, caballero de puntilloso sentido de la autoridad: impuso una sanción de 112 sueldos al pescador Daroca en 1490 por palabras injuriosas. La Corte de la bailía, servida por el notario Jaume Puigvert, auxilió su gestión. En el fondo la captación de determinadas voluntades oligárquicas reforzó la imposición de la voluntad real.
La nueva forma de elección municipal.
Las disputas por el poder local eran moneda corriente en aquellos tiempos. En la Corona de Aragón las luchas de parcialidades enturbiaron la gestión municipal y cuestionaron la paz pública. La dinastía de los Trastámara intentó embridarlas expulsando temporalmente a los más díscolos, aliándose con una de las facciones en pugna, supervisando a través de un oficial como el mestre racional la vida local, y determinando la forma de elección de los candidatos a los oficios municipales. Además de un sistema político era un sistema de acción política, si seguimos las conclusiones de la historiografía más reciente.
La insaculación alteró el precedente sistema de elección. Se aplicó en Játiva en 1427 por primera vez en el Reino de Valencia, ensayándose en Alicante en 1459. Se legitimó con la idea del decreto de la paz divina. La codicia precipitaba a la lucha y al empobrecimiento, y sólo la suerte conducida por la bondad y la sabiduría de Dios lo evitaría. Los magistrados, en conclusión, se escogerían al azar entre un grupo escogido de personas. Detrás de Dios se ocultó un rey deseoso de acrecentar su poder efectivo.
La concesión de tal sistema el 20 de abril de 1459 fue al principio más un ideal que una realidad completa, requiriendo severas puntualizaciones al menos hasta 1566. Los linajes dominantes se comisionaron para hacer (o graduar) una lista de aspirantes a justicia y jurados dentro de un Saco Mayor, y a almotacén, sobrecequiero y clavario en el Menor. Se determinaría si alguien encajaba más en un Saco que en otro por la adjudicación de habas blancas o negras: en caso de primar las blancas se inscribiría en el Mayor. Los Sacos con los nombres de los candidatos se depositaron en una caja guardada en el archivo municipal. Cada 21 de diciembre, festividad de Santo Tomás, todo el consejo se reuniría en Santa María, y la mano inocente de un niño de diez años extraería del Saco Mayor el nombre del justicia. La Vigilia de Pentecostes se haría lo propio con los jurados y el sobrecequiero, en San Miguel con el almotacén, y el cuarto día de febrero con el clavario, exigiéndole fianzas seguras. No se podía ejercer el mismo oficio hasta transcurridos dos años, ejerciendo de consejero durante la espera. El nuevo consejo se componía de los citados oficios y de dieciseis consejeros del Sacro Mayor y ocho del Menor hasta alcanzar los treinta miembros. Con un plazo mínimo de tres meses se obligaba a que poseyeran rocín y armas, a mantener durante la anualidad en curso y la siguiente. Se prohibía la coincidencia de personas de la misma familia en distintos oficios. Los simples abastecedores de víveres y los arrendadores no podían ingresar por razones de honorabilidad caballeresca. Mucho de todo ello fue más teórico que real.
El 18 de julio de 1459 Juan II atendió las primeras quejas sobre los electos tras menos de tres meses de proclamar con solemnidad el carácter irrevocable de las primeras decisiones. Jaume de Seva el Mayor, Lope Ferrández de Mesa, Francesc Burgunyo, Pere Bonivern, Melcior de Vallebrera, Pere Pasqual, Gaspar Rolf y Bernat Martí llenaron fraudulentamente el Saco Mayor con menores de edad, y con vizcaínos, portugueses y franceses ignorantes de idioma y costumbres locales el Menor. Se excluyeron aspirantes cualificados, según denunciaron Jaume Pérez y Jaume Esteve. Los linajes que controlaban Alicante desde hacía más de un siglo se negaron a compartir su poder.
El rey impulsó ese mismo día una comisión formada por Andreu de Seva en representación del Saco Mayor, el maestro de obras Miquel Luqués del Menor, Melcior Vallebrera por los habilitadores y el síndico Joan d´Artés. Se designaron ocho habilitadores o graduadores.
El sistema recibió el 6 de noviembre de 1461 unas pinceladas aconsejadas por la práctica cotidiana, que fueron negociadas por Joan d´Artés y Pere Pasqual. El almotacén de nuestra comercial comunidad ingresó en el Saco Mayor. Los oficiales podrían elegir lugartenientes. Los jurados salientes se convertirían al año siguiente en consejeros automáticamente. En el cuarto día de Cuaresma, cada dos años, se practicaría una nueva promoción a los Sacos. El edificio oligárquico se quiso mantener con puntuales concesiones a los recién llegados a las filas de la fortuna. Sin embargo, la prosecución de los enfrentamientos persuadió a Juan II en el delicado 1464, año de rebelión del Principado contra su autoridad, de depositar una vez más en el baile de la gobernación el nombramiento de los oficios. En mayo de 1468 los prohombres alicantinos pidieron mandar al rey nombres o “cedes” a considerar, en línea con el Maestre Racional de la ciudad de Valencia.
El triunfo final de algunos linajes oligárquicos.
A partir de 1470 la vida comercial alicantina ganó dinamismo: los salvoconductos de entrada de los mudéjares en la gobernación de Orihuela pasaron de dos en 1469 a veintitres en 1478. Las exacciones que se hicieron en Valencia sobre los productos adquiridos en la feria alicantina de octubre (exenta de peaje y aduana) fueron reclamadas por los síndicos municipales en 1474 y 1488. En este ambiente los linajes dirigentes entraron en un período de paz, que permitió recuperar la insaculación.
En 1471 se acordó escoger los consejeros por parroquias. Los jurados elegirían junto a dos prohombres de cada una dieciseis consejeros de la Mano Mayor (ocho por parroquia) y ocho de la Menor (cuatro en este caso). No se hizo mención de ninguna Mano Media en este punto. Melcior de Vallebrera y Guillem Bernat actuaron por la de Santa María, y en nombre de la de San Nicolás Francesc Burgunyo y Pere Pasqual. Esta alianza entre los prohombres de las dos parroquias se rubricó con la sindicatura extraordinaria de Guillem Bernat y Jaume Pasqual. El 9 de marzo de 1477 formaron parte de una comisión habilitadora junto a Francesc Burgunyo, Pere Pasqual, Melcior de Vallebrera, Joanot de Vallebrera, Miquel Çalort, Francesc Çeller y Bernat de Seva. Sus decisiones contaron con una validez mínima de un sexenio.
La coalición conducida por los Pasqual se impuso finalmente a los Bonivern y los Çalort. Los datos brindados por Bendicho acerca de los titulares del justiciazgo hasta las Germanías lo avalan: Joanes Pasqual en 1475, Joan de Vallebrera en 1484, Joan Ramos en 1487, Antoni Merita en 1488, Pasqual Lillo en 1489, Joan Ramos en 1490, Francesc Portes en 1491, Joanot de Vallebrera en 1492, Joanot Pasqual en 1494, Joan Rolf en 1495, Alfons Martínez de Vera en 1496, Perot Burgunyo en 1501, Perot Pasqual en 1504, Francesc Portes en 1505, Joan Rius de Vallebrera en 1506, Perot Seva en 1507, Gaspar Seva en 1507, Gaspar Seva en 1510, Pere Martínez de Vera en 1511, Martí Ferrández de Mesa en 1512, Ferran Portes en 1518 y Francesc Bernat en 1519.
Se asimiló a los recién llegados más afortunados. Los Martínez de Vera, según ya tratamos en otro artículo, procedían de la baronía de Cocentaina tras una azarosa trayectoria política y familiar. Sirvieron en las campañas italianas de Alfonso el Magnánimo y en la bailía alicantina, sin desdeñar los negocios mercantiles. Los Rotlà, llegados de la baronía de Planes (donde sirvieron en la administración señorial), entroncaron con los Burgunyo y los Rebolledo. Los Lillo posiblemente procedieron de tierras toledanas e hicieron fortuna con la ayuda del ejercicio de la notaría desde 1425. Los Ramos escalaron posiciones desde la zona de Muchamiel.
Familia, oficio y negocio dibujaron un círculo compacto de promoción social. Asimismo, la expansión urbana de Alicante aprovechó a constructores, notarios y labradores. La otra cara de la moneda la ofrecieron los linajes en retroceso. Entre 1474 y 1480 los Artés perdieron la sindicatura y la posibilidad de ejercer el consulado de los castellanos. Sus divisiones internas les pasaron factura. Al igual que los Bonivern, no tuvieron más remedio que pedir dinero prestado a los Rebolledo. Los Rolf y los Ferrández de Mesa consiguieron ciertas distinciones. De todos modos un símbolo de los nuevos tiempos fue la adquisición del señorío de Busot, Aguas y Barañes por los Martínez de Vera a los Ferrández de Mesa en 1475.
Guerra y comercio.
La guerra de conquista de la temida Granada nazarí y las campañas del Norte de África animaron las transacciones esclavistas en particular y el comercio alicantino en general. La conquista de Orán en 1509 comportó el desembarco de un nutrido grupo de esclavos. En 1510 el conquistador de Mazalquivir, el alcalde de los donceles don Diego Hernández de Córdoba, solicitó provisiones de Alicante, pagadas como limosna a la fábrica de Nuestra Señora de Gracia. La compañía del caballero santiaguista Francesc de Vallebrera lo secundó en la empresa de Tremecén. Aquellas jornadas de conquista parecían abrir las puertas del Norte de África a los naturales de la Corona de Aragón, que esperaban satisfacer el deseo de expansión consignado en el tratado de Monteagudo entre Jaime II y Sancho IV de Castilla en 1291.
Jaime II
Se persiguió en la medida de lo posible todo fraude e infracción, pues desde las embarcaciones se vendieron en el mar esclavos para evitar toda tributación. En 1490 Pere Ferrándiz compró un esclavo negro con la condición que su vendedor no pagara derecho alguno por desembarcarlo de su nave ligera o “fusta”. El baile general del Reino protestó en 1509 del cobro indebido de derechos sobre los esclavos por parte del baile alicantino, que se defendió esgrimiendo la autonomía de la gobernación de Orihuela y la oportunidad de incrementar el Real Patrimonio. A partir 1490 el rey don Fernando concedió a la bailía alicantina la percepción del derecho del “mollatge”. Una vez pagadas las pensiones de los censales, se destinaron las ¾ partes de su producto a la reparación y a la conservación del muelle. Las embarcaciones pudieron acercarse desde la playa del Bavel a las inmediaciones del Benacantil con mayor seguirdad. La cuarta parte restante se dedicó al castillo. A partir de 1495 se ofrecieron de 2 a 4 ducados en concepto simbólico de “exarich”, en recuerdo de la antigua obligación de los mudéjares alicantinos arrendatarios de tierras de contribuir a las obras de defensa.
El mantenimiento del castillo y las murallas impusieron desde mediados del siglo XIII una severa carga, agravada con las exigencias derivadas de la aplicación de la artillería. Antes de 1490 parte de los emolumentos de la corte civil y criminal se invirtieron en las obras de reparación del castillo. La carencia de arrendadores entre 1487 y 1490 determinó la concesión del “mollatge” ya comentada, pues las necesidades eran de gran importancia. En el mismo 1490 se destinaron 2.740 sueldos para la reparación de las torres del castillo, 1.570 para sus torres de vigia y aljibe, 1.295 para su torre del homenaje, 300 para dispendios de obras, 135 para provisión de pólvora, 120 para su molino, 90 para la adquisición de una bandera y 50 por la ordenación de capítulos. Entre 1491 y 1501 el “mollatge” rentó un total de 26.071 sueldos, de los que se dedicaron 10.120 a pagar los censales pendientes. De los restantes 15.951 quedarían 3.988 para el castillo, faltando 2.276 para completar lo presupuestado en 1490. En esta situación la puerta estuvo abierta al endeudamiento.
La expansión mercantil posibilitó la concertación de nuevos préstamos y la atracción de todo género de negociantes. Disponemos de una serie de indicadores para valorar el impulso comercial de Alicante. El “mollatge” pasó de los 1.270 sueldos en 1491 a los 2.940 en 1501, incrementándose sus sumas en 1496-97, cuando se trasladó la fecha de su arrendamiento de San Miguel a final de año. El derecho de las cosas vedadas ascendió de los 120 sueldos de 1489 a los 302 de 1547. Los ingresos de la aduana real saltaron espectacularmente de los 3.001 sueldos de 1489 a los 11.000 de 1547. La aduana de Montfort pasó en el mismo período de los 82 a los 240 sueldos. El derecho del almojarifazgo de Orihuela en cambio se mantuvo en unos niveles mucho más discretos: sus 5.020 sueldos de 1490 se convirtieron en 5.700 en 1547. En el alba de la Modernidad emergía con dinamismo la vocación comercial alicantina.
Ya entre 1468 y 1490 habían ganado terreno las importaciones de manufacturas con destino a Castilla, una tendencia que se reforzaría en los años siguientes, a la par que Alicante se convertiría en un importante puerto de embarque de las lanas castellanas hacia Italia. Nuestro vino blanco y especialmente el tinto se consumió en los Países Bajos, Inglaterra y Escocia. Las naves italianas, portuguesas, vizcaínas y flamencas fondearon en nuestro puerto, imbricándose en nuestra vida local. Los portugueses trajeron esclavos que fueron vendidos en Jijona y en Alcoy. El portugués don Diego López arrendó la aduana y las cosas vedadas en 1489. El bilbaíno Ochoa García fue sancionado por el baile en represalia del embargo a la compañía de Felip Infant en una época en la que no existían tribunales de comercio comunes y las diferencias entre los territorios hispánicos todavía estaban muy vivas.
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VÍCTOR MANUEL
GALÁN TENDERO
Fotos: Alicante Vivo
