LAS MURALLAS DE ALICANTE (II) ~ Alicante Vivo

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Para intentar resolver, en lo posible, la crisis económica municipal (en gran parte ocasionada por los gastos derivados de aquellas jornadas 25,26 y 27 de mayo "Reales"), el Ayuntamiento acordó la venta en pública subasta de los muebles que habían sido adquiridos en Madrid con destino a los aposentos de Isabel II.

Pero la subasta no debió interesar a nadie, pues se declaró “la ineficacia de la amoneda, ya que no se ha presentado proposición alguna”.

Pasaría el año “del ferrocarril”, 1858 y los “muebles de Isabel II” seguirían siendo zarandeados de subasta en subasta, sin postores.

Once años después, el tema reapareció en el salón de sesiones del Ayuntamiento. Era el 4 de enero de 1869 y era el alcalde de la capital don Eleuterio Maisonnave y Cutayar. El punto 17 del temario de la sesión decía así: “Se acordó por unanimidad que se vendan los muebles sobrantes o los no necesarios que existan en esta Casa procedentes de los que compró la Municipalidad para amueblarla cuando el viaje de Isabel de Borbón en 1858 en pública licitación”. Pero tampoco hubo postores.

En fin, dejando a un lado el episodio de los muebles, y centrándonos en el tema de las murallas, sería bueno conocer la petición formulada por el alcalde Caturla a la Reina para que autorizara el derribo de las mismas y que fuera posible, consecuentemente, el ensanche de la ciudad.

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 13 de julio de 1858, fue leída la siguiente Real Orden: “determinamos que Alicante deja de ser plaza de guerra, siendo así mismo su real voluntad que se conserven los castillos y fuertes exteriores y que por el ingeniero general se propongan a este Ministerio las mediadas que le convendrá adoptar por consecuencia del expresado derribo y de la supresión de dicha Plaza”.

El Ayuntamiento intentó ponerse de acuerdo con la autoridad militar “sobre el modo y el momento en que dando principio al derribo de las murallas empezaría Alicante a gozar de los beneficios de aquellas acertadas medidas que debe a la alta protección de su adorada Reina”.

Para el alcalde, concejales y para los mandos militares, aquel julio de 1858 debió ser un mes caliente, tenso, dinámico y esperanzador. La tan repetida disposición real provocaría la convocatoria y celebración de ocho sesiones de la Corporación municipal, correspondiendo dos de ellas al día 13 y otras dos al 18, a mediodía y por la noche.

Celebrada la subasta para adjudicar las obras de derribo, no fue aceptada ninguna de las proposiciones por lo que el Ayuntamiento acordó “dar principio de su cuenta a los trabajos” de derribo, que se iniciarían “por los torreones y puertas del Muelle”.

Un funcionario municipal llevaría las cuentas de gastos y “deberá tomar nota bastante de los materiales y efectos que produzca el derribo, a fin de comparar aproximadamente el valor de éstas con el importe de aquéllas”.

Se adoptó el acuerdo de ordenar al arquitecto del ayuntamiento, don Francisco Morell, para que “levante el plano del terreno que desde los límites actuales de la ciudad se extiende por la orilla del mar frente a la estación del ferrocarril, falda del Castillo de San Fernando hasta la de la montañeta de Santa Bárbara, separando y marcando las pertenencias públicas y particulares, con servidumbre, etc., trazando sobre un ejemplar de dicho plano el proyecto de la nueva ciudad conforme a la conveniencia general y a los adelantos de la ciencia en éste género de proyectos”.

Obsérvese cómo muy acertadamente y con visión de futuro recalca el acuerdo el proyecto de la nueva ciudad, que naturalmente había de surgir tras la eliminación de los muros.

No hay que olvidar que aun antes de que finalizase el siglo XIX, en sus últimas cuatro décadas, “fuera de murallas” aparecerían las avenidas de Alfonso el Sabio, Marvá, Mola, Soto y Gadea; barrios, como Benalúa y San Blas, el Plá y Carolinas, Los Ängeles y La Florida, por no citar más. Todos ellos fueron una consecuencia directa de la petición que le formuló a una Reina el alcalde de una ciudad de veinte mil almas “prisioneras entre murallas”.

Con el propósito de dejar a la posteridad el recuerdo de unos hechos de suma importancia para la ciudad, el día 11 de febrero de 1859 se reunió la Corporación municipal y tomó el acuerdo que recogemos resumido:

“Con objeto de conservar un testimonio auténtico del origen de las murallas de esta plaza (...), se acordó que la comisión de ornato con el cuerpo de señores alcaldes y el número de personas notables de la población que se juzgue conveniente, se haga desprender y retirar para la conservación la lápida incrustrada sobre la Puerta de San Francisco, en la que se lee la siguiente inscripción: “Alicante hizo estas murallas en defensa de Fernando 7.º.Año 1810”.

Tan histórico acto se celebró a las tres y media de la tarde del 14 de febrero de ese año, desmontando la lápida de mármol negro Juan Navarro, de Petrel; Esteban García, de Monóvar; Fernando Belver, de Albaida y José Ripoll, de Tárbena. La ceremonia duró dos horas y tal como había sido planteada tuvo un carácter eminentemente simbólico “para que pueda siempre servir a Alicante de título de sus derechos de propiedad sobre las murallas”.

La lápida fue colocada en el vestíbulo de la planta baja del Ayuntamiento, ignorándose su paradero actual.

La cola de los derribos, o de sus intentos, fue larga. Duró varios años.

He aquí otra curiosa anotacion: En el mes de mayo de 1864, el Ayuntamiento pretendió derribar el Baluarte de San Carlos, a lo que se opuso el Capitán General, quien manifestó al gobernador militar que no lo permitiera “por cuanto es el único medio de defensa del Puerto, mientras el Gobierno no apruebe otras obras de fortificación y sirve además de almacén de los efectos de guerra que quedan en la plaza”.

Un año después, en febrero, una Real Orden prohibió al Ayuntamiento realizar el pretendido derribo.

En 1872, acuerdó la Corporación municipal destruir la muralla de la plaza de Ramiro, en tanto, simultáneamente, se solicitaba permiso par el derribo del “ya inútil baluarte de San Carlos”, en cuyas obras de desmonte participaron los alicantinos con aportaciones económicas e incluso con prestación voluntaria y desinteresada de trabajo.