NUESTRA PROVINCIA EN EL RECUERDO: LA INSURRECCIÓN OBRERA DE ALCOY

ARTÍCULO DE PABLO VICEDO
Tuvo lugar en julio de 1873 y fue la culminación violenta de las tremendas desigualdades que había generado la industrialización y de su articulación, por parte de la Comisión Federal de la Asociación Internacional de Trabajadores (con sede en Alcoi desde enero de 1873), con ideario bakuninista. La Comisión, tras proclamarse la I República, empezó a plantearse la posibilidad de llevar a cabo una huelga general insurreccional de carácter local que, suponía, sería seguida mayoritariamente en las principales ciudades españolas.
Los obreros alcoianos se situaban en los niveles de vida más bajos de el Estado español: a las agotadoras jornadas laborales y los escasos salarios haría que añadir la insalubridad de las viviendas, el hacinamiento, la insuficiente alimentación, la incorporación al trabajo de los niños y niñas (desde los ocho y seis años de edad respectivamente), la alta mortalidad…
Motivos, pues, no faltaban para que se produjera un estallido violento.
Y así, el 8 de julio, entre ocho y diez mil trabajadores de Alcoi y Cocentaina se sumaban solidariamente al paro que, desde el mes de abril, llevaban a cabo lor trabajadores papeleros de Els Algars (Cocentaina) en demanda de una jornada laboral de ocho horas y un aumento salarial de dos reales diarios.
La intransigencia de la patronal y de las autoridades (a cuyo frente estaba el republicano federal Agustín Albors) y la radicalización de las posturas de los huelguistas desembocaron en una sangrienta lucha de más de veinte horas que se saldó con el incendio de la Casa Consistorial, la muerte de Albors de forma violenta a manos de la multitud y la de quince personas más, siete de las cuales eran guardias civiles y tres huelguistas. Durante unos días Alcoi estuvo en manos de la Internacional hasta que el Ejército ocupó la ciudad.
Sobre la clase obrera alcoiana se desató una brutal represión y se intruyó un sumario en el que fueron encausados entre 500 y 700 trabajadores, de los que 286 acabarían siendo procesados y, muchos de ellos, encarcelados, acusados de 110 delitos.